Gobernadores ya replican el sistema de inversión PPP de la Nación.

LA NACION • Gabriela Origlia • 29 de enero de 2018

CÓRDOBA.- Hay gobiernos provinciales que se preparan para instrumentar, al igual que la Nación, un sistema de participación público-privada (PPP) para encarar obras de infraestructura. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza ya adhirieron a la ley nacional, mientras que otras como Córdoba y Santa Fe analizan el camino a seguir.

El stock de deuda en títulos públicos de las provincias creció 75% en poco más de un año y presionará al déficit financiero total de las gobernaciones, que en 2017 rondó los $50.000 millones de pesos, según datos de la consultora Economía y Regiones. Hasta septiembre pasado, el pago de servicios de deuda creció notablemente en los últimos dos años, el 89 por ciento.

La ley de responsabilidad fiscal tiene un apartado dedicado a la deuda: en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada deben superar el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. Los ratios de Neuquén, Chubut, Río Negro y Mendoza ya están cerca de ese nivel.

Buenos Aires ya tiene adelantada la reglamentación de la ley y trabaja en la selección de los proyectos que se podrían incluir. Cárceles, hospitales son más complicados. La norma establece que los compromisos asumidos en este marco no pueden exceder el 3% del producto bruto geográfico nacional.

La opinión de los especialistas es que las provincias grandes llevarán el liderazgo en PPP y las otras lo irán instrumentando con el tiempo.

«Primero veremos cómo funciona a nivel nacional y en función de la evaluación que hagamos tomaremos una decisión», deslizó un funcionario sanjuanino. El viernes pasado se publicaron en el Boletín Oficial las seis primeras licitaciones para los proyectos de la primera de tres etapas de la red de autopistas y rutas seguras, que implican unos US$5000 millones.

Marcelo Villegas, socio del estudio Nicholson y Cano, señala que los PPP provinciales podrían atraer a empresas nacionales medianas y grandes para obras como rutas, de energía e hidroeléctricas. «Cárceles y hospitales son proyectos más complicados porque su operación y gestión son más sofisticadas; seguramente primero se analizarán experiencias a nivel nacional».

En el nivel nacional, el fideicomiso constituido para el proyecto del PPP cuenta con exenciones tributarias. Los especialistas entienden que las provincias que repliquen el modelo deberían seguir el mismo modelo para Ingresos Brutos y Sellos.

«El desafío más grande es armar una unidad que coordine ministerios y prepare proyectos para licitarlos -describió Villegas-. Las iniciativas deben tener viabilidad técnica comprobada. Lo más simple es empezar por los corredores viales».

A su entender, el mercado analizará estas iniciativas en línea con la forma en que invierten en bonos públicos.

«Comprarán certificados de obras con el aval, el fondeo del Estado provincial», aporta. De esa manera se puede avanzar en las obras y diferir el pago entre 10 y 15 años. El compromiso estatal es afrontar anualmente lo que falta para pagar los certificados; ahí los recursos presupuestarios actúan como garantía.

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