El Cronista Comercial
EDICIÓN IMPRESA COLUMNISTAS 25.07.16
En un país federal es responsabilidad de cada provincia establecer sus bases de crecimiento y desbloquear las trabas existentes para el desarrollo de su potencial. Hoy existen condiciones para obtener financiamiento a largo plazo a costos sostenibles. Por otro lado, al no existir una mayoría en el Congreso, el Poder Ejecutivo Nacional necesita construir consensos.
Es interés común de la Nación y de las Provincias, reducir el déficit fiscal nacional y la dependencia de las provincias del presupuesto nacional. Sin perjuicio de esto, existen trabas y limitantes autoimpuestas al desarrollo de la riqueza de las Provincias y la llegada de inversión extranjera.
Más de nueve provincias argentinas restringen o limitan la minería metalífera. Proyectos de clase mundial, como Navidad en Gastre, Chubut, no se pueden desarrollar por estas restricciones.
Provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz o Mendoza tienen grandes déficit fiscales, le reclaman apoyo al gobierno nacional y mientras no desarrollan de forma responsable y sustentable sus recursos minerales.
Recientemente la Cámara Argentina de Empresario Mineros informó que Argentina tiene potencial para recibir u$s 20.000 millones en inversión productiva para el desarrollo de la minería en los próximos 5 años. ¿Es que hay provincias que se van a autoexcluir de estos proyectos?
Muchas deberán modificar sus respectivas legislaciones para destrabar el potencial de la actividad minera en sus provincias y recibir inversiones productivas.
Argentina tiene un potencial de ampliación de las superficies regadas que va desde los 6 hasta los 16 millones de hectáreas, entre riego completo y complementario. Esto representa, en el escenario de mínima, más de un 15% de la superficie cultivable total actual del país.
Este desarrollo produciría un enorme impacto positivo sobre la producción de alimentos a nivel mundial, el valor de la tierra, conjuntamente con la creación de empleo y generación de mejores condiciones, para el desarrollo de zonas rurales, en más de 9 provincias. Para ello será necesario integrar la política hídrica a las políticas sociales, económicas y ambientales; y fomentar la inversión privada local y extranjera en riego y drenaje.
En el supuesto base, la puesta en valor de esas hectáreas requiere una inversión de aproximadamente u$s 30.000 millones. El Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, ley 26.737, apoyada mayoritariamente por los representantes de las provincias, es uno de los principales obstáculos para generar esa inversión.
Hoy muchas de nuestras provincias tienen la oportunidad de llevar adelante su vocación autónoma y federal. Ello implica madurar como comunidad, hacerse cargo del potencial y de las limitaciones con las que cuenta cada una. Y frente a ello, modificar las leyes que impiden pasar a la acción.