Los gobernadores siguen de cerca cómo es la distribución y qué distritos ganan y cuáles no con las obras que la Nación licitó a través del programa de Participación Público-Privada (PPP). Por una cuestión obvia de rentabilidad, los distritos centrales llevan la delantera en la adjudicación de los trabajos. El pedido de las provincias es que, en este mecanismo de financiamiento en el que el Estado pone el 70% de los fondos, “se priorice el criterio federal”.
