Se promueve una reorganización administrativa para modificar o eliminar funciones de organismos estatales y privatizar entidades públicas. Asimismo, se efectúan actualizaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y se modifica la normativa de empleo público en relación con el régimen de disponibilidad y otorgando mayor flexibilidad en la gestión de los recursos humanos del Estado.

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