El Cronista • Jueves 04 de Enero de 2018 • por Eduardo Koch
El Gobierno ha dado los primeros pasos para implementar el esquema de Asociaciones Público Privadas para obras de Infraestructura. A fines de 2016 el Congreso Nacional sancionó la ley 27328, que regula estas asociaciones, y durante 2017 el Poder Ejecutivo dictó los decretos reglamentarios de dicha ley (118/18 y 936/18). A su vez, algunas provincias han comenzado a adherirse a la ley nacional.
El marco legal es una condición inicial para estas obras y servicios que se desarrollan, en promedio, a lo largo de más de dos décadas.
Otra condición para el impulso y desarrollo de estas asociaciones público privadas es la apertura necesaria hacia los inversores nacionales y extranjeros que permita la mayor concurrencia posible, resguardando la industria nacional pero permitiendo asociaciones que hagan factibles y económicos los proyectos. Cuanto mayor sea la cantidad de participantes mayor será la competencia y el análisis de todos los riesgos asociados a estos proyectos, y el Estado y la población en general se beneficiarán con un servicio de mejor calidad en términos de construcción, operación y mantenimiento.
Asimismo es importante considerar que la planificación del Estado es esencial, porque entre otras cosas debe necesariamente comprender la evaluación que justifique la necesidad de recurrir a esta figura asociativa, y de ahí en más, todos los procesos que deben darse en plazos realistas. Desde el exterior, y también localmente, los inversores y participantes (bancos, fondos de inversión, desarrolladores, constructores y proveedores) ven con mucha atención los distintos pasos que va dando el Estado. Y no sólo ven lo que la Argentina hace sino lo que hace el resto de los países de la región, porque ya casi todos han tenido estas experiencias dejando sus enseñanzas y los inversores nacionales y extranjeros pretenden que se apliquen las prácticas que han sido efectivas para asegurar sus inversiones.
La selección de las obras y servicios a instrumentar vía las participaciones público privadas así como su orden de prioridad también constituye un elemento sumamente importante junto con la evaluación del impacto social, ambiental y fiscal de cada una de ellas.
Estas obras normalmente insumen cientos de millones de dólares y por ello los cuidados que deben tener todos los actores son extremos. De ahí que también en esta materia quizás el análisis de riesgos final y más trascendente lo hacen los bancos al decidir o no la aprobación del financiamiento. En la práctica, del 75% al 90% de la financiación proviene de los organismos de crédito.
A los argentinos nos cuesta bastante pensar en el largo plazo. Pero está claro que, si queremos seguir las experiencias exitosas, debemos respetar los tiempos necesarios para hacer las cosas bien. Estamos comenzando a pensar un país para las próximas décadas, dando pasos que pueden parecer preliminares, pero que son fundacionales y necesarios en este tipo de procesos.