En abril pasado el Gobierno logró ofertas por US$ 69.000 millones y una quita del 40% en la emisión de bonos por US$ 16.500 millones, que incluyó a los principales acreedores del país, entre ellos los fondos buitre.

Entonces, el juez Thomas Griesa de Nueva York levantó las medidas cautelares que le impedían al Estado pagarle a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 y salió del default

Luego, se fueron sumando acuerdos menores, como en junio, cuando llegó a un pacto con el fondo de inversión Greylock Capital Management LLC de Nueva York por US$ 95 millones de deuda que estaba en default

El abogado Marco Schnabl, socio del estudio Skadden de Nueva York, dijo a LA NACION que «solo restan por solucionar temas menores y el juez no está dispuesto a aceptar ningún planteo de los bonistas; los que queden, deberán arreglar en los términos del Gobierno».

El abogado Lucas Piaggio admitió que «el poder de fuego que tienen los bonistas que siguen en default es nulo por las señales que brindó Griesa, pero el Gobierno no debería considerar cerrado el tema hasta que arregle con todos». Esto incluye una oferta para los que tienen títulos bajo ley nacional, aclaró; ese grupo, en mayo último, sumaba unos US$ 450 millones que, por sus particularidades, no podían recibir la misma oferta que los acreedores con bonos bajo ley extranjera.

Horacio Vázquez, de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd), dijo que «la mayoría de la gente entró y mucha gente se presentó pero todavía no le dieron el aval final; no creo que haya más de US$ 500 millones en default».

Vázquez se quejó porque «este Gobierno nunca nos recibió» y aclaró que «antes de abril próximo el Gobierno debe cambiar los bonos que emitió en abril por títulos emitidos en Nueva York, porque de lo contrario la SEC comenzará a cobrarle una penalidad que encarecerá la tasa que pagan los bonos argentinos».

Según Vázquez, «se puede decir que Argentina sigue en default, hasta que cobre el último bonista».

En tanto, el analista Sebastián Maril de Research for Traders, señaló que «la Argentina mantiene abiertas varias batallas legales en las cortes internacionales contra aquellos holdouts que siguen resistiendo porque no están satisfechos con la oferta del Gobierno».

Según Maril, las demandas sumarían hasta US$ 1500 millones, «incluyendo al Grupo Varela», de minoristas argentinos que en su momento ganaron el caso del pari passu.

Además, recordó que el 27 de septiembre el Gobierno deberá presentarse en la corte de apelaciones de Nueva York para enfrentar la demanda colectiva Ladjevardian, que «busca embargar cerca de US$ 5000 millones que el Gobierno emitió en abril».