Resultados para mayo, 2018

Nota de opinión Lucas Piaggio, Socio de Nicholson y Cano abogados.
El nuevo régimen de los contratos que involucran la participación conjunta de los sectores público y privado (Ley 27328 y Decreto 118/17) implica un cambio de paradigma en las contrataciones públicas. Si bien tales vínculos no dejan de ser contratos administrativos, en tanto el Estado participa de ellos en función de un fin de interés público, y por tanto
deben estar regidos sustancialmente por el derecho público, se observa en el flamante sistema ciertos resguardos y protecciones de los que adolece la normativa tradicional de
las contrataciones públicas (ej. ley de obras públicas).

Los gobernadores siguen de cerca cómo es la distribución y qué distritos ganan y cuáles no con las obras que la Nación licitó a través del programa de Participación Público-Privada (PPP). Por una cuestión obvia de rentabilidad, los distritos centrales llevan la delantera en la adjudicación de los trabajos. El pedido de las provincias es que, en este mecanismo de financiamiento en el que el Estado pone el 70% de los fondos, “se priorice el criterio federal”.

Al respecto opinaron para Télam los abogados Marcelo Villegas, Mario Kenny y Emiliano Silva del Departamento Financiero del estudio Nicholson y Cano Abogados.
La Cámara de Diputados sancionó la Ley de Financiamiento Productivo, reforma del mercado de capitales, norma que tiene como objetivo potenciar el financiamiento de las PyMEs que hoy no tienen acceso al crédito y elimina la facultad que desde 2013 tenía la Comisión Nacional de Valores de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.

Nicholson y Cano Abogados asesoró a Moni Online y a otras instituciones involucradas en la constitución del primer fideicomiso compuesto en su totalidad por créditos digitales como activos subyacentes en Argentina, por un monto de ARS 100 millones, equivalentes a USD 4,8 millones.